Levitando

Hablando de la aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos Javier Candeira celebra algunos de sus logros y lamenta tres de sus principales defectos, por las consecuencias tecnológicas y sociales que pueden acarrear. El primero y el tercero son razonados y razonables (y el que quiera conocerlos en detalle que acceda al texto, pues vale la pena), pero el segundo he tenido que leerlo dos veces porque no podía creerlo: "Tampoco se garantiza el principio de transparencia y el derecho a conocer todo lo relativo a los procesos públicos. Los ciudadanos deberían tener derecho a auditar el código fuente de los sistemas informáticos que tramitan sus procedimientos administrativos. El no tener este acceso supone una falta de transparencia, que se traduce en una merma de las garantías democráticas de nuestro Estado" (PC Actual Nº 198:20).

Que yo sepa, desde que existen los servicios públicos, las garantías están en los requisitos de entrada (todo el mundo debe poder acceder en igualdad de condiciones y atendiendo a determinados criterios compensatorios de tipo social/personal) y los resultados de salida (plazos, forma). ¿Acaso alguien --en la era analógica y del papel-- se ha rasgado las vestiduras por no poder auditar cómo pasa de negociado a negociado su expediente? Eso sin entrar a debatir cuánta gente está en condiciones, tiene tiempo y ganas de auditar el código fuente de --pongamos por caso-- el procedimiento de renovación del permiso de conducir. Quizá diez o doce ingenieros --filántropos y desconfiados a la vez-- estén dispuestos a hacerlo, pero la mayoría creo que se conformaría con poder tener su renovación a tiempo y gratis. ¿Vale la pena montar un acceso público y garantizado a dicho código para tan poca gente capacitada? ¿A qué viene esta paranoia? ¿No deberíamos seguir auditando las entradas y las salidas, que además de más sencillo es igualmente eficaz?

Javier Candeira, sigo con interés tus artículos, y comparto tu punto de vista sobre la necesidad de apostar por los estándares abiertos, ya que eso --aparte del ahorro que supone para el Estado-- obligaría a las corporaciones que monopolizan de facto el mercado a abrir parte de sus plataformas; pero admitamos que a veces levitamos tanto que olvidamos que estamos hablando de tecnología aplicada a la vida cotidiana, y no en un avanzado debate cuyo alcance no supera los límites de la tecnología informática, donde esa obsesión auditora quizá tenga más sentido.

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