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lunes, 19 de marzo de 2007

Nuevo positivismo digital (II)

Nuevo positivismo digital (I)

Creo que fue Condorcet quien dijo que con cada nuevo medio venía detrás una civilización. Bien, seguro que estas no fueron sus palabras, pero iban en este sentido. Es fácil comprobar cuánta razón tenía y cómo conocía al género humano: cuando desembarcaron (por este orden) la televisión, el vídeo (más concretamente el vídeoclip), los videojuegos, los ordenadores no conectados en red, las videoconsolas, Internet y, finalmente (por el momento), los juegos en red, YouTube y compañía, siempre (¡siempre!) se afirmaba que era una amenaza a toooodo lo establecido, una innovación que haría tambalear la pedagogía previamente establecida y aceptada. Lo más sospechoso de estas filípicas es que se dirigían únicamente contra el recién llegado a la lista; en cuanto quedaba superado por un nuevo invento el anterior se convertía en el nuevo blanco de todas las críticas. Todas las amenazas precedentes se disolvían en silencio como si por el mero hecho de no ser novedad se anularan sus apocalípticos perversos efectos.

Cuando la electricidad se universalizó en las ciudades los visionarios sociales de turno (todavía no eran tecnócratas) hablaban de una nueva civilización descentralizada que venía de su brazo, una democracia en la que cada comunidad podría expresarse, votar, debatir y disentir en igualdad de condiciones porque había llegado una tecnología igualadora. El ruso Piotr Kropotkin hablaba incluso, en 1899, de la electricidad como la vanguardia de una civilización "neotécnica" que superaría al vapor y permitiría (como las propiedades de la electricidad) una sociedad flexible, ubicua y descentralizada. Profetas que, quizá sin saberlo, estaban echando mano del discurso ingenuo, elitista y falsamente igualitario de los ilustrados. No imaginaban lo equivocados que estaban en sus previsiones sociales, pero hay que ver lo cerca que estuvieron de dar con el escenario que dibuja Internet hoy día: la electricidad como infraestructura básica a la que se le ha superpuesto el protocolo TCP/IP (ese mítico RFC 793).

¿Dónde está el fallo? ¿en los datos que manejaban? ¿en que no eran científicos sino metafísicos? Más bien en la exagerada confianza que antes (y todavía ahora) se concedía a la tecnología para modificar nuestras costumbres. En cuanto se profundiza un poco en los textos de estos gurús aparecen los mismos paisajes de tono universalista: siempre se argumentan mejoras para la cultura, la educación, los lazos entre comunidades, la superación de los conflictos... pero nunca admiten ni conceden que lo que acaba imponiéndose es el uso más práctico e inmediato de la tecnología (y además gratuito, diríamos hoy). Ni el mismísimo Al Gore escapó a esa tentación cuando en 1994 declaró solemnemente ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo transnacional dependendiente de la ONU: "la GII [Global Information Infrastructure, el término que precedió al de autopistas de la información] proporcionará una comunicación instantánea a la gran familia humana [...] veo en ella una nueva era ateniense de democracia que fraguará en los foros que creará la GII". ¡Qué ingenuidad! El campeón de las causas universales haciendo el juego a las multinacionales, convenciendo a los representantes de los gobiernos que dejaran la cancha libre para que la iniciativa privada pudiera diseñar un nuevo mapa de telecomunicaciones a su conveniencia. Y, al igual que en el siglo XIX, los argumentos para venderlo eran políticos y sociales; los económicos y técnicos ni se mencionan, pero se sabe que serán los que se acaben imponiendo. Espero que su "incómoda verdad" no siga el mismo camino.

Los hitos tecnológicos y económicos a los que asistimos hoy día comenzaron a gestarse en decisiones políticas tomadas hace décadas. La primera la de la administración Carter de traspasar los asuntos sobre telecomunicaciones y computación (entonces se llamaban así) del departamento de Defensa al de Comercio (donde todavía siguen). De este modo, cuando Reagan llegó a la presidencia en 1980 apostó por la vía que ha caracterizado desde entonces la postura estadounidense en el debate tecnológico: liberalización de las comunicaciones y de las barreras a la inversión de compañías estadounidenses en terceros países, acompañada de una mínima reglamentación de la actividad. En versión para el usuario/consumidor: orientación comercial en lugar de servicio público. Los años setenta del siglo XX habían sido los de las discusiones sobre las leyes que debían mantener las telecomunicaciones ancladas dentro de los límites del estado-nación, más que nada porque las inversiones que requerían eran estratégicas y muy costosas. Al menos en esto los EE UU demostraron tener una visión más realista que Europa, ya que asumían que era imposible poner puertas a este campo. En 1984 una sentencia judicial obligó al gigante estadounidense ATT a desprenderse de 23 filiales, con el objetivo de facilitar una competencia real en el sector; al año siguiente se alcanzó la liberalización total de movimientos financieros de capital. Dos de los requisitos imprescindibles para el despegue comercial de las telecomunicaciones ya estaban conseguidos. Durante la década siguiente, una oleada de directivas y reglamentaciones ampliarán (en Europa, Japón y EE UU) la brecha abierta por los dos logros anteriores: liberalizar, flexibilizar, internacionalizar. La Unión Europea se erigirá en este proceso como la defensora de una postura garantista de los poderes públicos, mientras EE UU apretará el acelerador para conseguir una liberalización de las comunicaciones igual o superior a la de los capitales.

En todos los textos de este debate, en las declaraciones oficiales, en los debates televisados, siempre se hace mención de las ventajas económicas y comerciales junto con las educativas, sanitarias y de democracia participativa. Pero cada vez la realidad desmiente esta evolución conjunta: todas, excepto las dos primeras, van cayendo en el olvido por el camino. Yo situaría el comienzo oficial de la fase puramente económica de la tecnología, en la que nos encontramos aún inmersos, en la reunión del G7 en 1995, cuando los gobiernos de los países más ricos del mundo hacen suyo el concepto de Sociedad Global de la Información junto con el compromiso de liberalizar las telecomunicaciones. El siguiente paso en el proceso es dotar de valor a las mercancías digitales que circularán por estas redes globales; la única diferencia con el capitalismo anterior es que este valor se generaba en un contexto de libre (a veces salvaje) competencia; aquí (para eliminar incertidumbres, debido a la imparable espiral de cambio tecnológico) se quiere hacer a base de monopolios legales.

En una sociedad basada en la información ¿cómo determinar de forma objetiva su valor, cómo calcular su precio en el mercado? De todas las fórmulas que convierten hoy la información en dinero las dos más poderosas, las que tienen más posibilidades (debido a su carácter de monopolio protegido por ley) de garantizar unos ingresos automáticos y constantes, son las patentes y la propiedad intelectual. Se trata de conceptos surgidos en el siglo XIX que se adaptan mal a los contenidos digitales; por eso los principales afectados luchan para conseguir que el cambio tecnológico también se extienda a las reglas del juego, tratando de establecer nuevas leyes, al margen de las analógicas, que garanticen ingresos por decreto. Un apunte: la tendencia de las operadoras a cobrar por el tipo de actividad (conectarse, navegar), y no por el valor añadido de la operación (comprar, contratar). Así, el ADSL de banda ancha (a través de telefonía móvil) tiende a diferenciar tarifas según tráfico: descargas, correo, navegación, voz...; en cambio la tarifa de ADSL por telefonía fija es una única cuota (aunque técnicamente se discrimina entre voz y datos). El objetivo es que un simple clic genere un pago, así de sencillo.

(continuará)

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